“¡VAN A QUITARLE LA ISLA CHINERÍA AL PERÚ!” – CRÍTICA ANTE UN DESCUIDO REITERADO

Por: Domingo SILVA Cancino[1]

       Christian BARCLAY Venegas[2]

Hace poco más de una quincena publicamos una nota respecto de ciertos mitos que se vienen propalando y que aparentemente vienen perturbando el proceso de toma de decisiones del gobierno peruano de adquirir 24 aviones de combate nuevos para la Fuerza Aérea del Perú (FAP)[3], así como un segundo artículo respecto de la importancia de la relación en seguridad y defensa con los Estados Unidos, entre los cuales destacamos la cooperación militar[4].

Lo cierto es que, no obstante el Gobierno peruano señaló reiteradamente en varias oportunidades que se anunciaría una decisión respecto de un tema tan importante como el del equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas para garantizar la soberanía e integridad territorial de la Nación, la misma sigue sin manifestarse al momento de dar por cerrado el presente artículo, lo cual deja entrever que aparentemente no habría tanta urgencia en llegar a un desenlace al respecto.

Coincidentemente, en estos últimos días, el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha puesto al frente un reclamo en contra de nuestro país, indicando que la isla Chinería del distrito Santa Rosa de Loreto, ubicada en la zona del triángulo trinacional entre Perú, Brasil y Colombia, no le pertenece al Perú sino a ellos, instando  – hasta diríamos,  exigiendo – que esto se aborde de manera bilateral a efectos de llegar a un acuerdo respecto de la soberanía de la mencionada isla, no reconociendo derecho alguno del Perú sobre la misma, a pesar de existir presencia de población e instituciones gubernamentales peruanas desde hace décadas en virtud de los acuerdos jurídicamente vinculantes suscritos en su oportunidad por ambos países[5], hecho que es de conocimiento público, reconocido incluso por diversos políticos colombianos de oposición, así como medios de comunicación de dicho país, para consternación del oficialismo.

Una vez más se repite en nuestra historia que nos vemos enfrentados a un país vecino por una disputa territorial – lo cual parecía impensable hace algunos años – en condiciones militarmente desventajosas. Así las cosas, nos vemos en la necesidad de elaborar el presente artículo de opinión política y sobre todo crítica, en el ejercicio de nuestro derecho a expresar nuestra opinión como ciudadanos respecto de un tema de capital importancia para el país. El título no responde a un deseo o a una voz de pánico por parte de los autores, sino a una reacción incluso hepática ante la indiferencia y descuido reiterados de la seguridad y defensa del país, a pesar de haber tenido duras lecciones a lo largo de nuestra historia, pero que nuestra clase política parece empeñada en seguir cayendo una y otra vez. No se aprende la lección y estamos ante la posibilidad real de que, una vez más, un país vecino nos quite parte de nuestro territorio por la fuerza.

¿QUÉ ES LO QUE NUESTROS POLÍTICOS NO APRENDEN?

Consideramos de suma importancia escribir sobre este tema porque nos permite abordar ciertos aspectos sobre la política de defensa – o, en el caso de nuestro país, de la falta de ella. Es necesario exponer dichos aspectos a efectos de que el lector comprenda lo que implica establecer una política de defensa creíble que le provea de seguridad al país en el caso de verse eventualmente expuesto a un problema o controversia que pueda desencadenar en un conflicto armado, con imprevisibles consecuencias negativas.

Sobre la base de la historia de nuestras relaciones con Colombia, analizaremos cómo la falta de una política sostenida en defensa nos ha llevado no solo a conflictos con el vecino país (así como con prácticamente todos nuestros vecinos), sino a modificaciones indeseadas de los límites históricos de nuestro territorio. Asimismo, trataremos de explicar las causas de la falta de una política constante de sostenimiento de nuestra defensa.

CAUSA DE LA SITUACIÓN – EL DESCUIDO INVETERADO Y REITERADO DE NUESTRAS FRONTERAS

Nadie defiende lo que no quiere, ni quiere lo que no conoce. Eso lo hemos escuchado alguna vez y nos parece existe razón. Si uno no conoce algo (o a alguien) será difícil que lo aprecie. Y si no lo aprecia, difícilmente lo irá a defender. El Perú es un país rico, extenso y con cinco fronteras. A pesar de ello, el hecho es que nuestro país nunca ha tenido una política de fronteras sostenida, careciendo de la voluntad de destinar recursos para constituir ciudades que ofrezcan calidad de vida de vida a sus habitantes, con opciones para poder desarrollarse en diversas áreas. Todo lo contrario; si hablamos de la zona de selva, las ciudades de frontera son prácticamente caseríos con muy poco desarrollo humano, con deficiencias en infraestructura y servicios. Eso hace que esa población, aun cuando pueda sentirse peruana, por mucho tiempo ha dependido de las ciudades fronterizas de los países vecinos, mucho más desarrolladas, lo cual da pie para que los vecinos noten ese descuido también.

No es de sorprender que la actitud por parte de nuestros gobernantes hacia los compatriotas que habitan la zona de frontera que hoy es epicentro de la crisis con Colombia haya sido la misma de siempre, estando ausente una política más activa de desarrollo que debería haberse manifestado en la construcción de carreteras y promoción de la creación de zonas de desarrollo agrícola o agroindustrial. Mucho se habla acerca de la necesidad de desarrollar dichas zonas, pero al final no se hace nada, con lo cual la situación general permanece inalterada. Ese es un hecho que ha influido en el decurso de los acontecimientos históricos que repercutieron en la delimitación de nuestro actual territorio y que hoy constituye materia de un reclamo por parte del gobierno colombiano.

Por más que una política de desarrollo fronterizo tome tiempo y recursos en implementar y ejecutarse, ese territorio permanece siendo una parte constituyente del Estado que debe defenderse. La Constitución es clara en sus artículos 54º y 165º[6]. Para eso existe un Sistema de Defensa Nacional presidido por el Presidente de la República (en este momento, la Presidente Dina Boluarte), el mismo que debe contar con los recursos para el cumplimiento de su misión. Esto no es una tarea fácil, por cuanto las dinámicas que gobiernan los procesos de adquisición de equipamiento militar no son compatibles con aquellas que facultan al Estado a adquirir otro tipo de bienes a demanda (p.ej. vehículos o material de oficina), sino que el mismo debe encargarse a pedido a una empresa fabricante o tomar contacto con un gobierno que disponga de material de guerra que esté en condiciones y cuente con la voluntad de transferir, previa evaluación de su estado.

Determinar qué es lo que se necesita adquirir, en que cantidades y sobre todo, cuántos recursos se deben destinar a la adquisición de diversos equipos (desde vehículos blindados y artillería, pasando por aviones de combate hasta fragatas y otros buques) es una tarea que debe desarrollarse sobre la base de ciertos criterios, para procurar que la adquisición de ese material reporte el mayor beneficio al país para la seguridad de la Nación, que es función primordial del Estado, independientemente del gobierno de turno. Dicha problemática se aborda mediante un planeamiento anticipado sobre la base de capacidades militares.

CAPACIDADES MILITARES – SU RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DEFENSA Y BASE PARA EL PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA

El Perú no vive en una isla o un limbo, sino que forma parte de una región compartida con países vecinos, los cuales también tienen Estado, territorio sobre el cual ejercen soberanía, población, recursos e intereses diversos, como las relaciones internacionales que mantienen con sus vecinos u otros países fuera de la región. Estos intereses son de diversa naturaleza, y muchas veces están en consonancia o también – como en este último caso con Colombia – en conflicto.

Por esa razón, un Estado como el peruano (y, en general, casi todos los demás afines) cuenta con sistemas e instituciones cuya misión es garantizar la seguridad de su población y la indemnidad de sus recursos y posesiones frente a cualquier amenaza, ya sea interna o externa. Por amenaza se entiende cualquier evento o condición que ponga o pueda poner en peligro la estabilidad, la integridad o los intereses de un país. Estas amenazas pueden provenir de fuentes internas (p.ej. terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, etc.) o externas (a saber, una amenaza militar por parte de otro Estado); son de distintos tipos y abarcan diversos ámbitos (político, económico, medioambiental, social, militar, tecnológico). A diferencia de los riesgos, las amenazas implican un factor de voluntad (por parte de un actor, ya sea estatal o no estatal) y también de capacidad (la aptitud para poder infligir daño). Por tanto, se constituyen no solo en quien o quienes tengan la intención de causar daño, sino además en la capacidad efectiva de infligirlo. En el campo militar, un Estado puede constituir una amenaza en tanto tenga la capacidad, unida a la voluntad, de poner en peligro la estabilidad, integridad y los intereses de otro.

Examinemos brevemente el concepto y naturaleza de capacidades. Según diversas fuentes, el concepto de capacidad militar abarca mucho más que la posesión y prestaciones técnicas o tecnológicas de un determinado sistema de armas (avión, fragata, vehículo blindado, etc.). En nuestra apreciación, se trata un concepto no entendido claramente por los decisores políticos por las opiniones que usualmente se recogen en medios de comunicación (independientemente si se trata de prensa especializada o no), por cuanto las discusiones sobre problemáticas de defensa nacional suelen centrarse exclusivamente en la adquisición de tal o cual sistema, tal como ha venido ocurriendo con relación al proceso de reequipamiento de la flota de combate de la FAP.

Autores como García Siero señalan que capacidades militares constituyen un conjunto de factores (sistemas de armas, infraestructura, personal y medios de apoyo logístico) asentados sobre la base de unos principios y procedimientos doctrinales que pretenden conseguir un determinado efecto militar a nivel estratégico, operacional o táctico, para cumplir las misiones asignadas. Asimismo, la Corporación RAND, que desarrolló un estudio sobre la medición del poder nacional, dedicó un capítulo al estudio de las capacidades militares, señalando que las mismas son la última vara de medida del poder nacional de un país, comprendiendo varios factores como los mencionados.

De lo señalado líneas arriba podemos esbozar algunas ideas que se desprenden del concepto y naturaleza de las capacidades militares:

1. A diferencia de lo que se considera usualmente, tener capacidad militar no pasa solamente por adquirir un determinado equipo o armamento – lo cual de por sí conlleva su propia complejidad en cuanto a determinar qué es lo que finalmente se va a comprar, luego de un laborioso estudio técnico-operacional a nivel de cada Institución armada.

2. Dado que son una función constituida por múltiples factores, las capacidades militares se deben construir potenciando dichos factores, los cuales pueden clasificarse de la siguiente manera:

3. Material: comprende el equipamiento militar propiamente dicho (aviones de combate, de transporte y otros medios aéreos en uso por la Fuerza Aérea; fragatas y otros buques empleados por la Marina, así como medios aeronavales; vehículos blindados de combate, artillería, helicópteros de enlace y transporte y otros sistemas terrestres).
   • Infraestructura: todas las instalaciones construidas o en uso por las Instituciones Armadas para diversos fines (bases, cuarteles, escuelas matrices, centros de mantenimiento, instalaciones de servicio para beneficio del personal militar como hospitales o centros de esparcimiento, entre otros).
   • Recursos Humanos: todo el personal en servicio en las Instituciones Armadas (oficiales, personal de tropa y marinería, personal civil contratado o asimilado).
   • Adiestramiento (entrenamiento): todas las actividades relacionadas con la preparación del personal militar en tácticas, técnicas y procedimientos para el empleo óptimo del equipamiento militar.
   • Doctrina: conjunto de principios que informan y guían a una institución militar para el establecimiento de políticas y procedimientos utilizados por la misma para difundir conocimiento entre su personal para el logro de sus objetivos de seguridad nacional. Incluso comprende las tácticas y técnicas que se enseñan al personal durante las actividades de entrenamiento.
   • Organización: es la forma en que el Estado estructura sus fuerzas militares para su empleo eficaz, a fin de que estas provean las capacidades requeridas para el cumplimiento de los objetivos que el mismo requiera. En ella se establece la organización de cada Institución, desde su organigrama institucional (Comandos Generales, Estados Mayores, órganos consultivos o de asesoría, órganos de línea y órganos de apoyo administrativo) hasta el establecimiento de órdenes de batalla (comprendiendo unidades a nivel batallón y brigada, escuadrones y flotas de mar).

4. Todos esos factores deben ser concebidos, planeados, implementados y empleados para establecer una serie de tareas que se agrupan conceptualmente en áreas de capacidad, las mismas que son detalladas en el cuadro que forma parte del Anexo I del presente artículo. Muchas de esas áreas de capacidad pueden ser desarrolladas y ejecutadas por más de una Institución armada (por ejemplo, el área de respuesta eficaz[7], que tiene que ver directamente con las capacidades de combate a efectos de obtener el control del espacio terrestre, marítimo o aéreo, es responsabilidad, en cada uno de los ámbitos antes mencionados, del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, respectivamente, aunque esas tareas pueden ser desarrolladas entre dos o más fuerzas en el ámbito de las operaciones conjuntas[8]);

5. Las capacidades militares solo se pueden establecer con el tiempo y de forma incremental porque, en el caso del equipamiento militar, los bienes y servicios, de naturaleza muy especializada y suministrados bajo las especificaciones que el país requiere, se adquieren a proveedores que deben fabricarlos o reacondicionarlos y que tienen otros pedidos y obligaciones contractuales por atender (de otros países), lo cual influye en los plazos de entrega, introducción y asimilación. Para poner un ejemplo alineado con lo publicado recientemente respecto del proceso de adquisición de nuevos cazas por parte de la FAP, aun cuando se hubiese anunciado la elección a finales del mes de julio pasado, según manifestó reiteradamente el gobierno de Boluarte (y que, al momento del cierre del presente artículo, sigue sin anunciarse oficialmente), el Estado peruano todavía necesitaría embarcarse en un complejo proceso de negociación contractual con el gobierno y/o la industria fabricante escogidos y formalizar la compra, desembolsando los recursos para ello. Solamente culminada esta etapa puede iniciar la provisión del objeto contractual – en este caso, la fabricación (o puesta a punto, en el caso de material de segunda mano) de los aviones de combate y todo el material conexo necesario para su operación, proceso que puede demorar entre 1 a 2 años, desde la firma del contrato para recién comenzar a recibir el material, a lo que habría que sumar año y medio más, suponiendo un proceso rápido de entrenamiento de pilotos y capacitación de los técnicos de mantenimiento. Así, implementar uno o dos escuadrones de combate completamente entrenados y capacitados en el empleo de las aeronaves adquiridas es un proceso que toma alrededor de 4 años[9].

6. La determinación de las capacidades militares requeridas por un Estado imprescindiblemente necesita ser sustentada en consideraciones de carácter estratégico, lo cual se vincula con respuestas a las siguientes preguntas:

7. ¿En qué condiciones se encuentra y encontrará el entorno estratégico del país en los próximos 5 a 10 años? Según las conclusiones de estudios de prospectiva que realiza, por citar el ejemplo peruano, el Centro de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, de manera periódica[10] y de los reportes del Sistema de Inteligencia, encargado de obtener y difundir a los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional la actividad de diversos actores estatales y no estatales internos y externos que puedan constituir una amenaza para el país.
   • ¿Cuáles son los escenarios políticos en la región? ¿A quienes debemos considerar aliados y a quienes no?
   • ¿Cuáles son las amenazas a nuestra seguridad? ¿De dónde provienen? ¿Quiénes son los actores detrás de ellas? ¿En qué consisten dichas amenazas y cómo podrían ser enfrentadas?
   • ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Para ello, se deben analizar diversos elementos del poder nacional, considerando la capacidad económica, la capacidad de nuestros profesionales en la diplomacia, nuestra imagen política y su proyección (como la misma es comunicada en el ámbito internacional) y, por último, nuestras capacidades militares.

8. Una vez adquiridas ciertas capacidades militares, entramos en un proceso dinámico y complejo en el que deben considerarse y conciliarse diversos factores, tales como qué material se tiene en inventario en cada unidad militar; cuál es su estado operativo y de vigencia comparado con el estado del arte en tecnología militar o cuanto tiempo de vida útil remanente le queda. En el caso peruano, las tres ramas de sus FF.AA. enfrentan obsolescencia técnica y logística en bloque dada la antigüedad y falta de actualización permanente de su material; uno de los casos más dramáticos constituye el de los tanques T-55 del Ejército, recibidos hace más de 50 años y que han permanecido en el mismo nivel tecnológico en el que llegaron, sin actualizaciones – y algo similar ocurre con el material que opera la Marina y la Fuerza Aérea, como es de conocimiento público. Todo ello debe examinarse periódicamente para tomar decisiones sobre qué actualizar, qué dar de baja y qué adquirir sobre la base de los planes, basados en los respectivos requerimientos técnico-operacionales, que cada Institución eleva al Ministro de Defensa, quien debe sustentar dichos requerimientos ante la Comisión respectiva del Congreso de la República, de tal manera que la provisión de recursos para hacer efectivos dichos planes se considere en el Presupuesto General Anual de la República, a ser aprobado por el Pleno del Congreso.

9. Las capacidades militares deben ser mantenidas. El solo hecho de invertir en la adquisición de los equipos no es suficiente, sino que deben procurarse los recursos para su mantenimiento programado y tener capacidades para realizar mantenimiento no programado (en los Centros de Mantenimiento creados al efecto). Deben concebirse, planearse y ejecutarse los programas de entrenamiento correspondientes para asegurar que el personal a cargo de su utilización conozca no solamente el material, sino que entrene debidamente en diversas tácticas, técnicas y procedimientos para su empleo lo más cercano al óptimo posible. Sobre todo, deben establecerse y atenderse estas necesidades con los debidos recursos, planes y proyectos a mediano y largo plazo destinados a su actualización o reemplazo, a fin de no perder dichas capacidades[11];

10. En nuestra opinión, el planeamiento por capacidades es la mejor manera de construir un Sistema de Defensa que sea eficaz, capaz de generar disuasión, y que sea útil para enfrentar con éxito diversas amenazas, las mismas que son cambiantes a lo largo del tiempo. Históricamente, la adquisición de equipos militares se ha planeado sobre la base de hipótesis de conflicto vecinales, observando cual es el equipamiento de un probable adversario (concretamente, otro actor estatal), buscando igualar o superarlo. Con el tiempo, se ha podido apreciar que ello no es la manera más eficiente de procurar la mejor defensa para el país, porque los escenarios cambian y parte de ese equipamiento no termina siendo eficaz al momento de requerir su empleo en otra realidad fuera de aquella para la cual pueda haber sido inicialmente determinada su adquisición, por ser poco flexible y adaptable. Debemos tener en cuenta nuestra geografía, en donde dos tercios del territorio son selva, y con grandes extensiones territoriales que se encuentran desconectadas, sin caminos o rutas fluviales por donde llegar a eventuales focos de conflicto necesitados de respuesta militar.

11. Asimismo, el planear en base a capacidades militares nos permite determinar con claridad los alcances y límites de nuestro Sistema de Defensa, de manera que los decisores políticos (sobre todo la Presidencia de la República, sobre cuya autoridad recae la política exterior de la Nación) sepan cómo y hasta qué punto puede emplearse el mismo durante una crisis de seguridad nacional con la finalidad de alcanzar los objetivos políticos para la resolución de un problema mayor que, tal como podemos apreciar recientemente, puede surgir de un momento a otro. Consideramos que esta crisis limítrofe con Colombia pone una vez más sobre el tapete la luctuosa realidad de que, una vez más, la historia nos sorprende sin preparación para enfrentarla de la mejor manera en caso no llegase a resolverse la misma por los canales diplomáticos, degenerando lamentablemente en un conflicto armado con el país vecino.

FALTA DE INTERÉS DE LA CLASE POLÍTICA Y DE LA SOCIEDAD. ¿SIEMPRE FUE ASÍ?

Siempre nos preguntamos, ¿por qué en nuestro país periódicamente tenemos la posibilidad real de enfrentar conflictos armados con nuestros vecinos y estamos en una situación de desventaja? Consideramos que caemos en ciertos errores de concepto y que estos no son corregidos por falta de interés. Asimismo, nos preguntamos, ¿por qué en el Perú el asunto de la Defensa Nacional interesa tan poco a la sociedad – y, consecuente e inevitablemente, a nuestra clase política que proviene de la misma – a pesar de nuestra historia? Identificamos diversas causas, incluidas las siguientes:

1. La imagen autopercibida y constante de que debemos ser siempre amables y generosos en virtud de una vocación pacifista y de buena vecindad – que, si bien es cierto en principio no es reprochable, se manifiesta sin importar las injurias o agravios a nuestra soberanía nacional provenientes de actores extranjeros. Dicha premisa le ha sido reiteradamente adversa al Perú a lo largo del Siglo XX, culminando una y otra vez en cesiones territoriales que hasta el día de hoy permanecen en la controversia[12]. Adicionalmente, al ser un pueblo emotivo y poco racional, los peruanos solemos pasar por alto las intenciones de los vecinos – que, lejos de ser más o menos virtuosas que las nuestras, están motivadas simplemente por intereses – bajo falsas presunciones de hermandad y reciprocidad que frecuentemente no son correspondidas.

2. Una cultura arraigada en la improvisación. Por lo general, se considera al peruano como creativo e ingenioso para resolver problemas con pocos recursos cuando la necesidad impera. Si bien es cierto ello puede ser loable, también tiene un lado oscuro, manifestado en la falta de previsión bajo la creencia de que nuestro ingenio y creatividad nos sacarán de apuros. En el campo de las capacidades militares, dicho enfoque cultural raramente ayuda; a diferencia de otros países, nuestra industria de defensa es muy primitiva e incipiente como para fabricar y mantener de forma totalmente autonómica sistemas complejos y de alta tecnología como los que demanda la guerra moderna. Por ello, es crucial mantener una política sólida y saludable de adquisiciones para la defensa que, por los considerandos previamente desarrollados, demanda planificación e inversión permanentes.

3. La fragmentación de nuestra sociedad en la que persiste la discriminación transversal y el centralismo. Ejemplo claro de esto es el abandono de las comunidades de frontera por parte del Estado que denunciábamos líneas atrás, cuyos derechos inalienables como peruanos únicamente se convierten en tema de discusión nacional cuando explota una crisis como la que actualmente atravesamos con Colombia.  No solo ello, sino que en un estado de debilidad e indefensión frente a cualquier vecino que decida atacarnos, bajo esas circunstancias resultaría muy difícil (sino imposible) impedir que, a medida que escalen las hostilidades, el enemigo no se circunscriba a llevar a cabo operaciones de alcance limitado en territorio fronterizo, sino que incluso pueda llegar a golpear infraestructura crítica de la nación, a fin de dañar nuestra economía y cortar nuestras posibilidades de resistir la agresión. En el caso concreto de Colombia, su Fuerza Aérea tiene capacidad de realizar ataques a larga distancia, pudiendo golpear infraestructura crítica en la costa, ya que cuenta con aviones con sistemas ofensivos y defensivos muy avanzados, que pueden ser reabastecidos en vuelo y poseen armamento de precisión[13]. Asimismo, mientras que sus pilotos cuentan con experiencia en el desarrollo de operaciones en escenarios complejos, de acuerdo con los principios de la guerra aérea moderna[14], de nuestro lado no existe siquiera cobertura radárica plena para alertar con anticipación de que un ataque de esa naturaleza pueda darse, por ejemplo, contra un puerto estratégico como el de Chancay.

4. El discurso que enarbolan ciertos sectores políticos e intelectuales respecto de que el gasto en defensa es innecesario y hasta superfluo dada la escasa probabilidad de una guerra y la existencia de necesidades más urgentes y apremiantes, por ejemplo en sectores como salud y educación, como si ambas cosas fuesen mutuamente excluyentes – esto a pesar de que el debate nacional recurrente cada año gira en torno a la precariedad del sistema educativo y de salud (a saber, cuántos colegios empiezan el año académico sin estar listos para recibir estudiantes o cuántos hospitales no están en condiciones de responder a una emergencia mayor, como un desastre natural o una pandemia), sin que se invierta en ellos y tampoco en defensa.

Respecto de este último punto, la tensión fronteriza con Colombia nos ofrece una oportunidad de reflexionar y recordar que el statu quo no siempre fue el mismo. En 1932, cuando la crisis limítrofe de ese año en la zona del llamado Trapecio Amazónico, auspiciada por la Junta de Gobierno liderada por Luis Miguel Sánchez Cerro, desembocó en el posteriormente denominado conflicto colombo-peruano[15], existía un reconocimiento generalizado de parte de la sociedad nacional de que no solamente nuestro país se encontraba militarmente en desventaja para enfrentar a los colombianos en su ofensiva para recapturar Leticia, sino que se hacía indispensable realizar inversiones en el sector para fortalecer las capacidades que permitiesen hacer cumplir la posición peruana. La ciudadanía respondió patrióticamente sumándose a la llamada Colecta Nacional, que tuvo precisamente como prioridad la adquisición de aeronaves de combate nuevas, así como motores y repuestos para los aparatos entonces en servicio con el entonces Cuerpo Aeronáutico Peruano (CAP)[16]. Si bien es cierto la Colecta no pudo resolver por sí sola los problemas de alistamiento e inferioridad numérica con los que el CAP se vio obligado a iniciar operaciones frente a Colombia ni evitar el desenlace del conflicto, sí contribuyó con mejorar las capacidades aeronáuticas peruanas y sentó las bases para el proceso de reequipamiento posterior al cese de hostilidades. Es menester mencionar que, dada la naturaleza remota e inhóspita del teatro de operaciones, la participación de la aviación militar no solo fue pionera, sino determinante en apoyo a las operaciones ribereñas. Hoy nos enfrentamos al prospecto de otra guerra en la misma zona, en condiciones aún peores, prácticamente sin aviación de combate y con limitada capacidad de respuesta fluvial, mientras la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) realiza incursiones impunes sobre nuestro espacio aéreo[17]. Pese a lo anterior y más allá de proclamas y demostraciones patrióticas, consecuencia del estupor con el que la ciudadanía y nuestras autoridades han recibido el absurdo reclamo colombiano, parece no existir la misma preocupación y premura por fortalecer la defensa que en aquel entonces, hace 93 años.

Por lo anteriormente expuesto, resulta crítico comprender que cuando un país cuenta con las capacidades necesarias para proyectar poder bélico suficiente, los vecinos evalúan ello y descartan una iniciativa militar en su contra, a riesgo de perder más que lo que podrían ganar. Ello se denomina el dividendo de la paz, aunque muchos cuestionan que la paz se mantenga por tener unas Fuerzas Armadas capaces y disuasivas, sino debido a las garantías brindadas por la existencia de tratados jurídicamente vinculantes con los países vecinos respecto de sus límites fronterizos y a las relaciones políticas, comerciales y diplomáticas de interdependencia que existen entre ellos. Sin embargo, frecuentemente se pasan por alto las siguientes consideraciones:

1. Un tratado de paz y límites entre dos países no es garantía de paz duradera. Nuestro país tuvo diferencias limítrofes con Ecuador que nos precipitaron a una guerra en 1941, luego de la cual y a pesar de haber suscrito un acuerdo de paz vinculante con el país vecino del norte[18], tuvimos dos enfrentamientos bélicos adicionales en 1981 y en 1995 para recién suscribir una paz definitiva en 1998 – no sin antes haber derramado sangre y llevado a cabo el Perú un proceso de rearme. Ucrania, sus garantes y la Federación Rusa celebraron un acuerdo de seguridad en 1994[19] en el que Rusia se comprometió a reconocer la integridad territorial ucraniana y a abstenerse de invadir a la exrepública socialista soviética a cambio de que Ucrania renunciase a sus armas estratégicas (bombarderos y misiles balísticos nucleares). Sin embargo, a pesar de dichas promesas y las garantías de la comunidad internacional, Rusia no tuvo reparos en invadir y ocupar Crimea en 2014 y embarcarse en una guerra de expolio contra Ucrania en 2022, ocupando ilegalmente la mayor parte de las provincias de Donetsk y Luhansk hasta la fecha, generando en el proceso una crisis de seguridad en Europa (con ramificaciones extracontinentales) de proporciones no vistas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

2. En las relaciones entre dos Estados siempre habrá intereses complementarios, divergentes y hasta contrapuestos o en conflicto. Por ello existen Cuerpos Diplomáticos, no solo para establecer, profundizar y estrechar relaciones de mutuo interés, sino para resolver los conflictos que inevitablemente surgirán desde dentro de cualquier nación existen diferentes grupos de poder que pueden con sus acciones generar conflictos no solo dentro de las fronteras, sino fuera de ellas. Un caso claro y presente es el accionar de la guerrilla de las FARC[20] que opera en la zona fronteriza del río Putumayo.

3. Los intereses en conflicto se dan generalmente por el acceso a recursos. En nuestro caso, las guerras que hemos tenido con Ecuador y Colombia han tenido como elemento común el acceso al río Amazonas. Esa vía de agua es de capital importancia para el transporte de mercancías, bienes, así como prestación de servicios, y nuestro país tiene acceso al mismo de manera irrestricta. Colombia logró acceder al Amazonas luego del tratado de 1922 y el retorno al ante bellum después de la guerra colombo-peruana con la firma del tratado de 1934, mientras que Ecuador no pudo lograrlo a pesar de las guerras de 1981 y 1995. ¿Quién puede asegurar, por ejemplo, que si Ecuador considera adecuado reivindicar sus aspiraciones a un acceso directo y soberano al Amazonas, en el eventual de que un fortalecimiento en su economía repercuta en una recuperación de su capacidad militar, no vaya a formar un nuevo casus belli en contra nuestra? Mientras sigamos pensando que todos somos hermanos, que los países no actúan motivados por sus propios intereses (los cuales podrían no ser compatibles con los intereses del vecino) y que los conflictos y guerras entre actores estatales son improbables al punto de llegar a ser imposibles, seguiremos cayendo en el mismo error.

CONCLUSIONES

El reciente impasse entre nuestro país y el Gobierno colombiano demuestra palmariamente diversos aspectos de las deficiencias de planeamiento y gestión del Estado peruano respecto a su seguridad, las mismas que enumeramos a continuación:

1. La miopía de nuestros políticos respecto de las líneas ideológicas de los gobiernos de los países vecinos no ha requerido información de nuestro Sistema de Inteligencia y Cancillería para tener un panorama más actualizado de los programas políticos que grupos transnacionales de izquierda  quieren imponer en la región (entre los cuales se cuenta el propio presidente colombiano Petro, de pública filiación castrochavista y previamente vinculado a la guerrilla bolivariana M-19) y particularmente en nuestro país. Esto de por sí es fuente de futuros conflictos, así como de potenciales reclamos en contra nuestra. La situación del cauce del río Amazonas en la zona de Leticia es un hecho que viene sucediendo hace tiempo, perjudicando los intereses de Colombia; en ese sentido, no hubo discusión a nivel de Gobierno sobre el riesgo que podía existir con el país vecino, el mismo que ahora se ha hecho presente y constituye ya de hecho una amenaza a nuestra estabilidad política, social y económica.

2. El Perú tiene una economía que ha venido creciendo sostenidamente desde hace varios años y que hoy es objeto de grandes proyectos de inversión que impulsarán de manera más que notable su crecimiento y desarrollo. Sin embargo, esto no ha supuesto una creciente inversión en nuestras capacidades militares, las mismas que se han ido degradando progresivamente por obsolescencia tecnológica de nuestro equipamiento militar, falta de mantenimiento del mismo y – aún más crítico – falta de suficiente personal entrenado para emplearlo eficazmente.

3. De los 5 países con los cuales compartimos límites territoriales, tres de ellos trabajan constantemente en mantener y expandir sus capacidades militares – a saber, Brasil, Chile y Colombia. Es precisamente el último con el que ahora tenemos el problema centrado en la isla Chinería. Como señalábamos líneas arriba, la amenaza se produce cuando existen actores con la voluntad y la capacidad de poner en riesgo la estabilidad y la concreción de los intereses y objetivos nacionales. Asimismo, comentamos que las capacidades militares demoran tiempo en crearse y mantenerse, mientras que la voluntad de los actores estatales puede cambiar en poco tiempo. Sin que ello degenere en una cultura de paranoia o erosione los esfuerzos de generar cada vez más y mejores grados de cooperación y confianza mutua entre los países vecinos como mecanismo de mitigación de conflictos, es saludable y hasta indispensable reconocer la posibilidad real de que el vecino amistoso de hoy bien puede convertirse en una amenaza el día de mañana en tanto sus intereses colisionen con los nuestros, llevándole a la decisión de usar la fuerza para hacer prevalecer los suyos.

4. Finalmente, todavía no existe consciencia en la sociedad peruana de que la defensa requiere de discusión y evaluación constantes sobre cuáles son las políticas que deben implementarse para crear, y sobre todo mantener, unas Fuerzas Armadas no solo adecuadamente equipadas, sino preparadas para enfrentar cualquier amenaza a la seguridad de la Nación. Se sigue apreciando la idea generalizada de que la problemática debe ocupar solamente a una Comisión congresal, de cuya labor no sabemos mayormente, y a un Consejo de Seguridad y Defensa Nacional que, aunque sabemos que existe, no sabemos con qué frecuencia se reúne. Se sigue pensando que los temas de defensa son asuntos de militares, cuando los mismos deberían ser abordados por diversos sectores de la sociedad – incluso la Constitución, en su Artículo 163°, señala como obligación de toda persona natural y jurídica el participar en la defensa nacional, pero al parecer ello se interpreta exclusivamente como conscripción cuando debiera ser también su discusión en diversos foros de debate público y círculos académicos, en cuyo seno la misma parece suscitar escaso o nulo interés. Nuestros decisores políticos necesitan interesarse y conocer más acerca del estado actual de la tecnología militar, la que se está usando en los conflictos y qué aplicaciones podría tener para nuestra defensa (así como estar al tanto de la capacidad de cualquier eventual adversario, estatal o incluso no estatal, para utilizar dicha tecnología o si el mismo está en proceso de adquirirla).

No podemos concluir este artículo sin antes manifestar nuevamente nuestra preocupación ante el hecho de que, a pesar de la hostilidad con la cual el presidente de un país vecino (que hoy es Colombia, pero mañana podría ser cualquier otro) ha decidido abordar una crisis de forma contraria a las buenas formas y políticas de convivencia entre los Estados y a los acuerdos jurídicamente vinculantes de demarcación fronteriza que existen entre ambas naciones, las autoridades peruanas permanezcan todavía sin manifestarse respecto de la decisión final para la adquisición de la flota de aviones de combate que reemplazará a nuestros obsolescentes Mirage 2000, a pesar de que desde el Ejecutivo – tanto la Presidencia de la República como el Ministerio de Defensa – se aseguró en sucesivas oportunidades que la misma se haría conocer a la ciudadanía a finales del mes pasado.

ANEXO I

MATRÍZ DE ÁREAS DE CAPACIDADES MILITARES – MODELO

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[1] Licenciado en Derecho, Gerente General de la Sociedad Comunicaciones para la Defensa y Seguridad, editora de la Revista Perú Defensa & Seguridad. Ha sido facilitador del Curso de Dirección Estratégica para la Defensa y Administración de Crisis (CEDEYAC), de la Escuela Superior de Guerra Naval de la Marina de Guerra del Perú, con estudios en el William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies – National Defense University (NDU), Washington, D.C.

[2] Bachiller en Arquitectura. Consultor en Defensa & Seguridad. Egresado del Curso de Dirección Estratégica para la Defensa y Administración de Crisis (CEDEYAC). Ha sido colaborador de la Revista Perú Defensa & Seguridad.

[3] Publicado el 17 de mayo último en defpol.wordpress.com

[4] Publicado el 8 de junio último en defpol.wordpress.com

[5] Tratado Salomón-Lozano de 1922, ratificado por el Protocolo de Río de 1934.

[6] Artículo 54º.- Territorio, soberanía y jurisdicción. – El territorio es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre. Artículo 165º.- Finalidad de las Fuerzas Armadas.- Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República.

[7]   También denominada superioridad en el enfrentamiento.

[8]   Incluso en operaciones conjuntas (entre las 3 armas) la Fuerza Aérea puede lograr obtener el control del espacio marítimo, al realizar operaciones de ataque naval desde sus aeronaves, o proveer apoyo aéreo cercano a las tropas de tierra, con el objeto de lograr tener el control del espacio terrestre)

[9]  Examinando el caso argentino para la compra de los F-16 a Dinamarca, y tomando en cuenta lo señalado en diversos medios de prensa sobre la base de declaraciones oficiales, los 24 aviones irán llegando en tandas de 6 aviones cada año, llegando los 6 primeros a fines de este año y así durante los siguientes años hasta el 2028. Hay que tener en cuenta que esta adquisición no es por material nuevo, sino de segundo uso que primero debe ser desprogramado de la Real Fuerza Aérea Danesa y luego sometido a los reacondicionamientos y modernizaciones que la Fuerza Aérea Argentina ha contratado.

[10]  Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030.

[11] Por citar un ejemplo claro en la región, la Fuerza Aérea Argentina perdió sus capacidades de interceptación aérea supersónica cuando dio definitivamente de baja a su flota de aviones Mirage III/V en el año 2015, capacidades que va a recuperar recién una vez que vayan incorporando los F-16 MLU adquiridos a Dinamarca.

[12] El Tratado Salomón-Lozano de 1922 cedió a Colombia la estratégica región comprendida entre los ríos Caquetá y Putumayo, así como libre acceso al Amazonas, a cambio del reconocimiento de soberanía peruana del denominado Triángulo de Sucumbios en un acuerdo que sigue siendo criticado hasta el día de hoy, a pesar de las condiciones ventajosas que el gobierno de Augusto B. Leguía obtuvo para bloquear las aspiraciones territoriales ecuatorianas. Con la firma del Tratado Velarde-Río Branco, el Perú cedió a Brasil el territorio del Acre, una extensión de 400 mil km². Los defensores de dicho acuerdo sostienen que el mismo zanjó definitivamente los límites con el vecino país y previno un conflicto armado, a pesar de la cuantiosa pérdida territorial.

[13] El material aéreo con el que cuenta la FAC supera largamente en capacidades al peruano. Mientras que el Mirage 2000, nuestro principal avión de combate polivalente, tiene una tecnología de sensores, aviónica y armas largamente obsoleta (de fines de los años 80), la flota Kfir C10/C12 COA es de las tecnológicamente más avanzadas en el continente. Entre los atributos que hacen al avión de combate colombiano superior en prestaciones a los nuestros se incluyen la suite de sensores (radar EL/M-2052 AESA, barquilla externa de sensores LITENING y sistema de presentación y puntería montado en el casco DASH); los medios de autoprotección y guerra electrónica (interferencia activa EL/L-8212 e inteligencia de señales EMERALD AES-212); armamento aire-aire (I-Derby ER y Python V), así como enlace por datos Link 16, todo lo cual le otorga amplia superioridad en la misión de defensa y escolta aérea. Asimismo, es capaz de utilizar potente armamento aire-suelo inteligente y guiado, como la bomba planeadora SPICE 1000 de fabricación israelí y la GBU-49/B Enhanced Paveway II estadounidense. Estos aviones pueden permanecer más tiempo en el aire e incrementar su radio de acción gracias a la capacidad de tomar combustible en vuelo desde el avión cisterna KC-767 Júpiter. A pesar de la manifiesta hostilidad de Gustavo Petro hacia Israel, el gobierno colombiano suscribió recientemente un importante contrato de servicios de mantenimiento con la firma Israel Aircraft Industries (IAI) para la puesta a punto del sistema de armas Kfir.

[14] Los pilotos de combate colombianos, aparte de contar con amplia experiencia en la guerra contrasubversiva en el frente interno, también tienen un nivel de contacto con tácticas y tecnologías modernas que pocos en la región poseen. En 2012 y luego en 2018, aviones y tripulaciones de la FAC participaron en los ejercicios Red Flag desde la base aérea Nellis, en Nevada. Red Flag está ampliamente considerado como el ejercicio aéreo más prestigioso, demandante y de mayor escala a nivel mundial, en el cual la FAC integró e incluso lideró paquetes de ataque integrados por aeronaves estadounidenses y de otros países en escenarios disputados de muy alta complejidad (Composite Air Operations – COMAO) en los que intervienen todos los componentes del poder aéreo.

[15] El gobierno militar apoyó a la denominada Junta Patriótica, un colectivo cívico-militar que el 1 de septiembre de aquel año ocupó el pueblo fronterizo amazónico de Leticia y la localidad de Tarapacá, en la ribera del Putumayo, expulsando a las autoridades colombianas y reclamando el territorio que previamente el gobierno de Leguía había cedido a Colombia en virtud del tratado de 1922 (ver nota No. 15), ocasionando la respuesta airada de Bogotá y el inicio de las hostilidades.

[16] La Colecta consiguió recaudar suficientes fondos para adquirir tres aviones de caza Curtiss 35-2 A Hawk II y seis bombarderos/aviones de reconocimiento ligeros Douglas O-38P, así como cinco motores radiales Pratt & Whitney R-1340 Wasp y cinco juegos de flotadores para los Chance Vought O2U Corsair que entonces operaba el CAP.

[17] Al cierre del presente artículo, las autoridades peruanas denunciaron que un avión Embraer Super Tucano de la FAC había ingresado sin permiso a territorio nacional el jueves 7 de agosto. Contrariamente a lo que algunos medios han reportado, el Super Tucano, lejos de ser una simple avioneta, es un avión turbohélice de instrucción y ataque ligero de fabricación brasileña con capacidades potentes, sobre todo en el contexto regional.

[18]  Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro de 1934.

[19] Memorándum de Budapest sobre Garantías de Seguridad.

[20] Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Organización guerrillera colombiana de línea marxista-leninista, similar a Sendero Luminoso en el Perú.